Unidad en la diversidad. Opinión.


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	LIA VARELA Mi nombre es nadie La política lingüística del Estado Argentino El debate llega a los medios de comunicación El Estado ya no tiene derecho, pero intervenía en el pasado Los cambios sociolingüísticos son producto de la política estatal Las lenguas extranjeras ganan terreno El portugués es la lengua más solicitada Las lenguas extranjeras constituyen una tabla de salvación El inglés comienza a ser sinónimo de lingua franca Proponen enseñanza plurilingüe a partir de los cuatro años de escolaridad El Mercosur llegó con el portugués de la mano Los medios de comunicación se apoderan del papel del Estado
	En los últimos años hemos visto afianzarse en la Argentina el régimen neoliberal. Como ha ocurrido en otros momentos de la historia, se puede suponer que este orden económico, social y político se apoya en determinada organización del espacio simbólico, y que esa organización –o reorganización- es producto de una política lingüística. Y sin embargo, más que testimonios de tal política, encontramos a menudo señales de un vacío. Veamos ejemplos. Uno de los tres objetivos fundamentales del proyecto de Ley del Idioma que el diputado Vanossi presentara a la legislatura en diciembre de 1991 era «propiciar la generación de una política lingüística de orden nacional”. En junio de 1997, los ministros de Educación de los países del Mercosur deciden entre otras cosas «crear un Grupo de Trabajo de especialistas para elaborar propuestas orientadas hacia el desarrollo de una política de lenguas para la región» (Acta de la XIIº Reunión de Ministros de Educación de los países signatarios del tratado del Mercado Común del Sur, 11/6/97). El McyE convoca a equipos técnicos y funcionarios de la Nación y las provincias, académicos especialistas en lingüística y afines, y a directivos y docentes «que atienden población multilingüe» al seminario Multilingüismo, planificación lingüística y equidad (Buenos Aires, 2 y 3 de diciembre de 1997). El primer objetivo del seminario es «promover –en el marco de la transformación educativa- un espacio de reflexión que facilite la toma de decisiones en cuanto a políticas lingüísticas apropiadas a contextos regionales específicos». Estos enunciados tienen puntos en común: los tres sitúan la posibilidad de una política lingüística oficial (o tal vez varias, según el último ejemplo) en un futuro más o menos posible o lejano. Los tres suponen, entonces, que tal entidad aún no existe en el espacio nacional o regional.
	El debate llega a los medios de comunicación El ex secretario de cultura Jorge Asís creyó también obrar con total originalidad cuando en 1994 lanzó un fallido proyecto de ley de preservación de la lengua castellana. «Es la primera vez dice en su exposición de motivos, que se plantea una iniciativa como la expuesta en el dilatado ámbito del idioma castellano». Su intervención originó un amplio debate en los medios, que determinó la suerte del proyecto y de su autor. Aún desde diversos lugares de enunciación, los argumentos más recurrentes coincidían en atribuirle a la lengua las propiedades de un organismo vivo, que «evoluciona naturalmente» (La Nación, 7/9/94). «Las lenguas tienen un sistema que podríamos llamar inmunológico para rechazar lo que no necesitan», señaló una filóloga, autoridad en la materia (Clarín, 11/9/94); «nuestro idioma sigue vivo y goza de buena salud», apuntó Adolfo Bioy Casares (La Nación 11/9/94); «Es inútil querer modificar una lengua puesto que se trata de un organismo vivo que se nutre en y desde todos los ámbitos», coincidió la escritora Alicia Steimberg (Ibid.). Como cierre de una discusión que se había resuelto en un plácido consenso, desde el diario con mayor autoridad lingüística sonaron sentencias como éstas: «Querer imponer un idioma por ley es tan disparatado como ignorar que los usos y las costumbres van descartando aquello que sólo tiene la fugacidad de la moda», y más lejos, «El idioma es un bien cuya preservación está ampliamente justificada, Pero es absurdo pensar en una ley o en una imposición para garantizarla» (La Nación, 7/9/94). Incluso se asombraba de la repercusión y los efectos «del principal debate de la semana»: «¿Por qué –se preguntaba-, si las políticas sobre el idioma sólo deberían interesarle a académicos y escritores?» (La Nación, 11/7/94). La opinión pública, entonces, es ajena por esencia a los problemas de política lingüística, y la lengua, una entidad con vida propia, refractaria a la intervención humana.
	El Estado ya no tiene derecho, pero intervenía en el pasado En todos estos fragmentos de discursos sobre la lengua en la Argentina de hoy podemos leer una concepción difundida –y consagrada por los medios- sobre la lengua y su dinámica, según la cual el Estado no tendría derecho o capacidad de intervenir. Y tal vez sea esa misma concepción la que lleva a abortar -o a situar en un improbable futuro- las iniciativas estatales en esta materia, si bien, por otro lado, algunos documentos oficiales referidos a las lenguas han comenzado tímidamente a hablar de política lingüística, sobre todo aquellos que se establecen en acuerdos con otros Estados. Pero hay datos de la historia argentina que vienen a desmentir esta representación. Los analistas siempre han coincidido en atribuir el perfil lingüístico pretendidamente homogéneo de la Argentina a la acción de una política de asimilación asumida desde fines del siglo pasado por los gobiernos que se propusieron construir un Estado nacional centralista. A la distancia vemos que esa política se llevó a cabo mediante una cuidada planificación, fundamentalmente a través del apartado escolar. El Estado argentino, entonces, ha intervenido decididamente en el espacio de la lengua en otros momentos de su historia.
	Los cambios sociolingüísticos son producto de la política estatal Y si ahora tomamos como referencia aquella «identidad lingüística argentina», caracterizada por tradicionales hábitos monolingües, o la persistente actitud de respeto temeroso, generador de inseguridad, respecto de los dictámenes de la RAE (a la cual sería sacrílego reconocerle un carácter político), es forzoso reconocer hoy una transformación notable en el plano del lenguaje, coherente en sus efectos, que no podríamos sino atribuir a un cambio de rumbo en la política del Estado. Dicho en forma de hipótesis: los cambios sociolingüísticos en marcha son en gran medida efecto de la política lingüística estatal. Esta afirmación parece ir en contra de las citas referidas poco antes, y sin duda sería discutida por profesionales iniciados en la reflexión político-lingüística, o por los mismos funcionarios responsables de las decisiones que afectan la/s lengua/s. Y sin embargo, ¿puede un Estado no tener política lingüística? Dicho de otro modo, ¿puede un Estado abstenerse de decidir? O en todo caso, ¿no sería ya una decisión el optar por no asumir una responsabilidad indelegable? Adelantando las respuestas, quisiera demostrar que el Estado ha decidido y que, tal vez, la eficacia de su política resida en la estrategia de nunca revelarse como tal. Es por eso que, para emprender una caracterización, resulta improductivo (e incluso funcional a la estrategia oficial) precipitarse a la búsqueda de testimonios explícitos de la política lingüística del Estado, o de la acción de instituciones que se asuman como responsables de ese campo de decisiones. Intentaremos entonces un recorrido inverso: de los efectos a los principios, limitando nuestro análisis, por razones de espacio, al ámbito de las lenguas extranjeras y al de la determinación de la norma lingüística.
	Las lenguas extranjeras ganan terreno Considerando el destino que le había reservado a las lenguas extranjeras una política casi centenaria, que tuvo como efecto más duradero reforzar la imagen y la práctica monolingüe, la situación actual de estas lenguas presenta cambios verdaderamente impactantes. El inglés ha ido ocupando espacios cada vez más amplios, no sólo ha salido de los tradicionales centros de formación como «la cultura inglesa», o las escuelas públicas, donde se impartían rudimentos de gramática respetando siempre la norma británica. Su aprendizaje se ha extendido, sobre todo en el ámbito privado, al punto de que «bilingüe» refiere hoy, sin más aclaraciones (cf. por ejemplo secretaria bilingüe, colegio bilingüe, etc.) a cierto grado de conocimiento de un tipo de inglés: una lengua cuya norma se establece en términos de eficacia comunicativa y cuyo repertorio (léxico fundamentalmente) parece definirse estrictamente por dominios de actividad (empresario, técnico, cultura masiva). En cuanto al portugués, las transformaciones resultan evidentes. Tres años atrás eran contadas las instituciones que lo enseñaban, y escasísimos aquellos que decidían emprender un estudio formal: sólo algunos excéntricos movidos por amor a la cultura del Brasil. El resto, y me refiero particularmente a la clase media que desde los años 80 se volcó masivamente a las costas brasileñas, consideraba suficiente unos días de vacaciones para «aprender el idioma»; y para los más empecinados monolingües, bastaba con pronunciar con énfasis el rioplatense universal.
	El portugués es la lengua más solicitada El portugués es actualmente, después del inglés, la lengua extranjera más solicitada. Por todas partes florecen institutos que ofrecen cursos de una nueva variedad, el portugués Mercosur, con rasgos similares a los del inglés internacional (parentesco que confirma el hecho de que varias academias o colegios bilingües hayan agregado ahora cursos de portugués), dictados por docentes con escasa o nula formación específica. Varias universidades nacionales han reaccionado abriendo recientemente carreras de formación docente en portugués, la más antigua, la del IESL, abierta en 1954, contaba hasta 1994 con cincuenta profesores egresados. En 1995, la matrícula de primer año fue de 120 alumnos, cifra que se ha mantenido en los años siguientes. Remito al análisis que Patricia Franzoni hace de su experiencia como formadora de docentes en el ámbito público. Según su testimonio, la cuidada formación que proponen estas instituciones públicas defrauda las ambiciones de los nuevos contingentes de alumnos, ansiosos por insertarse en un mercado cada vez más competitivo. Las lenguas extranjeras constituyen una tabla de salvación Y es que, con toda evidencia, la demanda de cursos de idiomas, breves, eficaces, a medida del cliente, ha crecido enormemente: para el argentino medio, de vocación monolingüe hasta hace no mucho tiempo y hoy amenazado por el desempleo, las lenguas extranjeras constituyen una imaginaria tabla de salvación, o aquel bien cuya definitiva desposesión lo condena a la marginalidad. Estos y otros cambios podrían explicarse como meros efectos de procesos socioeconómicos (globalización e integración regional, movimientos migratorios recientes), del desarrollo tecnológico en el campo de las comunicaciones, de la movilidad creciente de un sector de la población. Pero la coincidencia entre este cuadro general y el horizonte de expectativas que construyen los documentos de la Reforma Educativa en curso invitan a leerlo como el resultado esperado de una política en marcha.
	Proponen enseñanza plurilingüe a partir de los cuatro años de escolaridad Nos remitimos entonces a los textos de la Reforma referidos a las lenguas extranjeras (Ley Federal de Educación, CBC para EGB, Polimodal, Formación Docente, documentos de trabajo sobre el capítulo de Lenguas Extranjeras para EGB, Polimodal y FD, textos de divulgación en la revista Zona Educativa). A partir de este corpus, intentaremos reconstruir un sinuoso recorrido argumentativo. Los primeros textos oficializados (CBC EGB) proponen para la enseñanza de LE –capítulo de Lengua- la «oferta plurilingüe y multicultural», esto es, la enseñanza de más de una lengua extranjera a partir del cuarto año de escolaridad, debido a «la necesidad creciente de participar activamente en un mundo plurilingüe» y otros argumentos que parecen apuntar al carácter formativo del aprendizaje de lenguas y culturas extranjeras. Se adjudica luego a la enseñanza de la lengua extranjera la finalidad instrumental: «En todos los casos, se enseña la lengua para la (subrayado en el original) comunicación», tomada ésta en un sentido amplio. No se trata sólo de la comunicación interpersonal, «también hay interacción en el proceso de decodificación de textos orales y escritos, para resolver problemas y tareas comunicativas» (Documento amarillo, 1996, p. 4). El conocimiento de una LE parece tener aquí el valor de un instrumento que permite descifrar objetos opacos, abstraídos de todo contexto social. El inglés comienza a ser sinónimo de lingua franca Los últimos documentos ubican la problemática de la LE en un capítulo aparte, separado del capítulo general de Lengua, para lo cual se define la LE por oposición a la lengua materna y la lengua segunda. Aparece entonces una categoría superadora: la lingua franca, sinónimo de inglés: «la lengua de comunicación internacional, que hermana e integra a una comunidad universal de usuarios (sic) sin fronteras geográficas ni políticas, que escucha, habla, lee y escribe en inglés. Es la lengua de la música, la computación y la comunicación planetaria a través de Internet y el correo electrónico; la lengua de la bibliografía técnica que tiende redes de conocimiento científico; la lengua a la que recurren los hablantes de lenguas diferentes para resolver sus problemas de comunicación.» Y remata: «El inglés se ha ido transformando en la lingua franca natural (¡sic!) y, al hacerlo, se ha ido alejando de sus raíces culturales» (ibid). De esta declaración de principios se deriva una serie de prescripciones didácticas, aplicables a todos los alumnos a partir del cuarto año de estudios. El Estado se ha decidido finalmente por la enseñanza instrumental, obligatoria y generalizada –aun con recursos insuficientes, de un bien sobrevalorado, el inglés, dejando en un incómodo lugar marginal a la lengua extranjera seleccionada, objeto difícilmente formulable e integrable en este nuevo discurso. Respecto de la concepción de lengua dominante, instrumento de decodificación que sirve a objetivos prácticos particulares, aislado de su origen y funcionamiento social, ha perdido todo sentido aquel ideal de oferta plurilingüe multicultural.
	El Mercosur llegó con el portugués de la mano La consistencia de esta estrategia vuelve a aparecer si analizamos la política seguida con el portugués. Desde el protocolo de intenciones firmado en diciembre de 1991, y luego en las sucesivas reuniones de ministros del Mercosur, se ha ido delineando el Programa Aprendizaje de los idiomas oficiales del Mercosur, que tiene como objetivo «implementar la enseñanza del español y del portugués en instituciones de los diferentes niveles y modalidades del sistema educativo, para mejor la comunicación entre los países que conforman el Mercosur». El gobierno argentino ha firmado, pues, un compromiso internacional de difundir el portugués en su sistema educativo, y en ese marco se ubica el anuncio del gobernador de Buenos Ares (marzo de 1995) sobre la obligatoriedad de la enseñanza del portugués en las escuelas secundarias. El anuncio no tuvo más efecto inmediato que el de confirmar la inviabilidad de la medida: sin profesores ni materiales suficientes era imposible llevarla a la práctica. Y sin embargo, como en el caso del inglés, el sector privado tomó debida nota de la señal: una nueva necesidad se abría en el mercado que el Estado era incapaz de satisfacer. Con el sólido respaldo del discurso político-lingüístico estatal, se inició la época dorada del negocio del inglés y el portugués. Estos ejemplos revelan un funcionamiento complementario entre el Estado y el sector privado; podría decirse incluso que la política del Estado es llevada adelante por agentes privados. Veamos ahora cómo están las cosas fuera del ámbito educativo.
	Los medios de comunicación se apoderan del papel del Estado Hemos asistido a otro fenómeno interesante que podría insertarse en esta serie: la puesta en circulación de dos manuales de estilo aparecidos simultáneamente, el de las empresas Grupo Clarín y La Nación, S.A., responsables de los diarios homónimos. En este caso sorprende, más que el éxito editorial de ambos emprendimientos, el hecho de que estas empresas – más notoriamente La Nación- se atribuyan funciones intrínsecamente estatales como la de velar por el respeto de la norma lingüística –disputando y aceptando a la vez la autoridad de a RAE en este terreno-, o aún, la de «contribuir a la unidad idiomática, responsabilidad primordial del periodismo, en su inexcusable vocación cultural y docente, puesta a LA NACIÓN por su fundador, Bartolomé Mitre». Y aquí la homonimia puede dar lugar a confusión. No se trata de la nación argentina y su primer presidente, sino de la empresa periodística y su primer director. El mismo enunciador que poco tiempo atrás se escandalizaba ante la posibilidad de que el Estado asumiera algún tipo de control sobre la lengua. Una vez más, entonces, empresa y Estado se unen para borrar las huellas de la intervención política sobre la lengua. El Estado da de sí la imagen democrática y pluralista de quien abre un espacio y luego deja hacer, gracias a un discurso que integra, por mera yuxtaposición, fragmentos de procedencias muy diversas (cf. Bein y Varela, 1996), logra hacer coexistir líneas de acción incompatibles entre sí (obligatoriedad del portugués, o del inglés lingua franca y la oferta plurilingüe y multicultural) mientras alienta a través de la propaganda una orientación bien definida: inglés y computación, según lo han sancionado la naturaleza y las leyes del mercado. Como lo ha hecho en otros ámbitos, el Estado ha optado por la privatización. En el dominio de las lenguas esto implica que las empresas imprimen su propio sentido al desarrollo –y a la representación- de las lenguas, ahora sometidas a la ley de la oferta y la demanda, instrumento deshistorizado, bien que se adquiere en el mercado y crea diferencia. Política liberal, o neoliberal, o privatista, que a veces se quiere pura técnica, otras, inocente naturaleza; es, en definitiva, la polética que tenemos y tratar de darle un nombre ya es todo un desafío para la teoría y la acción político lingüística. (Buenos Aires, Congreso Internacional de Políticas Lingüísticas).


	Lía Varela es profesora del Instituto de Lingüística de la Universidad de Buenos Aires Leer artículo

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